[dropcap]E[/dropcap]n su imparable intento por construir una España mejor, el Ayuntamiento de Madrid prohibió (y no por vez primera) el concierto de los vascos Soziedad Alkoholika en la capital, que debería haber tenido lugar ayer, sábado, en el Palacio de Vistalegre.
El origen de la prohibición se encuentra en un informe desfavorable de la Policía Municipal del día 5 de marzo, en el cual se recordaba que la Ley de Espectáculos prohíbe actividades que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana. Basándose en ello, la resolución del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid ordena la prohibición del concierto por considerar que pueden producirse alteraciones en el orden público con peligro de personas y bienes, amparándose en el artículo 26.1 de la misma Ley, y estando habilitada la autoridad competente para suspender de forma inmediata, en caso de incumplimiento, la celebración del espectáculo.
Si recorremos el historial de espectáculos celebrados en España por el polémico grupo, encontramos que el riesgo del que Jesús Guereta, coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, quiere proteger a la población madrileña es prácticamente nulo. Y este “prácticamente” viene dado por el festival “Aúpa Lumbreiras!”, que celebró su decimoséptima edición en la localidad alicantina de Villena el pasado agosto de 2014, durante el cual se desarrollaron una serie de deleznables comportamientos, tales como lanzamiento de piedras a la Policía Local, agresiones a agentes de la Guardia Civil… Festival en el que, por supuesto, participaba Soziedad Alkoholika, aunque parece importante destacar que los altercados no se produjeron en la zona de conciertos sino en la de acampada y, por si fuera poco, tuvieron lugar durante las actuaciones de otros grupos, de entre los 78 que formaban el cartel.
Por otro lado, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, solicitó hace unos días al Fiscal jefe de la Comunidad que valorase prohibir el evento por un posible enaltecimiento del terrorismo durante su celebración. No es la primera vez que los vascos se enfrentan a estas acusaciones. En 2006, la Asociación de Victimas del Terrorismo elevó una querella contra el grupo, que terminó sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional junto con su mánager, bajo los cargos de apología del terrorismo. En la sentencia, el tribunal analizó las letras de las canciones de la discordia, y tras sopesar detenidamente a quién se dirigían y de qué forma, dictaminó que ninguna de ellas era constitutiva del delito de enaltecimiento del terrorismo del que se les acusaba. El Tribunal Supremo confirmó en 2007 la sentencia absolutoria, argumentando que “por más repulsa social” que mereciesen las canciones de Soziedad Alkoholika, “tienen cabida en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión”.
Sea como fuere, y a pesar de la firmeza de ambas sentencias, que no consideraron el contenido de las letras denunciadas ofensivo o humillante para las víctimas del terrorismo (lo que sería un buen motivo para constituir un límite al derecho fundamental de la libertad de expresión) lo cierto es que el grupo afirma que, desde que se enteró, rehúsa interpretar en concierto las canciones de su repertorio “que sientan mal a la gente”, y han recordado en varias ocasiones su rechazo al terrorismo y que “ser vasco y tener canciones en contra de la policía y de lo que no nos gusta no es lo mismo que apoyar a ETA”.
Para el grupo, la razón de la prohibición es que al Gobierno, que se basa en el informe de la Policía Municipal que declara que sus letras “recogen opiniones con excesos verbales, hirientes y desafortunados” no les gusta lo que dicen ni cómo lo dicen, y por ello lo censuran. No está de más, tampoco, recordar que el Tribunal Supremo (en la STS 2/1997) exhorta a extremar el cuidado en este tipo de delitos, para evitar que “se conviertan en un instrumento dirigido a controlar la disidencia política”.
En fin, es de sobra conocida la preocupación del Partido Popular por la garantía del derecho a la libertad de expresión, como se prueba en sus declaraciones sobre lo ocurrido en la revista “Charlie Hebdo”, en Venezuela o en Corea del Norte, pero las cosas cambian cuando los derechos vulnerados son los constitucionalmente reconocidos a los españoles (¡incluso a los vascos!). Personalmente, no me siento mucho más segura en un país en el que se prohíbe la entrada voluntaria de los madrileños a un concierto, pero sin embargo se permite que un etarra, condenado a la pena máxima de prisión, fuese excarcelado por su supuesta muerte inminente a manos del cáncer más de dos años antes de que ésta se produjese.
Carmen Andrés Espiga
