[dropcap]D[/dropcap]e los creadores de “las familias no quieren dedicar recursos al pago de las tasas universitarias en detrimento de otras posibilidades de usar tales recursos en otras cosas”, llega el conocido como “Decreto 3+2” (o 4+1, o 3+1+1, el nombre no altera su contenido). Aprobado la mañana del 30 de enero del presente año, esta nueva reforma es considerada por gran parte de la comunidad educativa como la gota final de un cóctel de recortes y aumento de tasas universitarias elaborado durante las últimas legislaturas del Partido Popular, y que conduce a una inexorable elitización de la Universidad pública.
Esta norma ofrece la posibilidad a las universidades públicas españolas de “converger con el resto de Europa”, según el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Pero ¿qué implica exactamente esta convergencia?
En primer lugar, el decreto hará que los actuales Grados (antiguas Licenciaturas y quién sabe qué dentro de unos años) se devalúen, acortando su duración de 4 a 3 años y convirtiéndose las lecciones impartidas durante los mismos en enseñanzas básicas y generalistas, en absoluto suficientes para adquirir la cualificación que requieren muchos puestos de trabajo (periodistas, abogados…). La solución que el Gobierno ofrece a este problema es la realización de uno o dos años de máster de la especialidad elegida, lo que supone un desembolso absolutamente inasumible para muchas familias españolas y desastroso para las que sí pueden asumirlo. Un máster de un año en la Universidad Complutense de Madrid tiene un coste de entre 4000 y 7000 euros.
Estos datos chocan con las declaraciones de Montserrat Gomendio, secretaria del Estado de Educación, que afirma que esta medida supondrá un ahorro para las familias de hasta 150 millones de euros. El sector educativo no puede dejar de preguntarse qué ahorro supone para las familias la sustitución de un año de grado a gastos compartidos con el Estado por uno o incluso dos años de máster que habrán de financiar por su cuenta.
Ante el aluvión de críticas que se le ha venido encima, el Ministerio de Educación no ha dudado en recordar que la opción de cursar o no un máster de especialización es totalmente voluntaria. Nuevamente, estos datos se contradicen con el hecho de que para acceder a estudios de Doctorado seguirá siendo necesario haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS entre estudios de grado y máster oficiales (recordemos que un grado de 4 años equivale a 240 créditos ECTS y que uno de 3 pasaría a 180 créditos ECTS), luego sería necesaria para los alumnos que deseen acceder a Doctorado la realización de estudios de máster equivalentes a 120 créditos ECTS.
Pero las desventajas que esta nueva medida supone no son solo económicas. La generalidad de las enseñanzas que en ellas se impartan hará que muchas carreras del mismo ámbito se fusionen entre sí, reduciéndose considerablemente la oferta de títulos (lo que, de nuevo, es opuesto a la flexibilización de la oferta académica que promete el Gobierno). No es difícil imaginar que esto, sumado a la ausencia de un cuarto año, provocará un despido masivo de profesores. Profesores cuyos hijos no podrán acceder a una enseñanza universitaria de calidad. Profesores que los últimos años han visto reducido su sueldo de forma dramática. Profesores a quienes se impone que cambien la concepción de sus propias clases por segunda vez en menos de cinco años.
Y es que, por increíble que parezca, solo ha dado tiempo a que se gradúe según el Plan Bolonia una promoción de alumnos antes de que el Partido Popular acuñe otra medida educativa que trastoca por completo los planes de las universidades que elijan aplicarla y los de las que no. Una medida que hará que, llegados a un punto, convivan en el mercado laboral alumnos procedentes de las antiguas Licenciaturas y Diplomaturas, con máster y sin máster, alumnos procedentes del Plan Bolonia y alumnos graduados según el Decreto 3+2, algunos con la formación básica y generalista que otorgan los 3 años de grado y otros con másteres especializados (de los que muchos licenciados y diplomados carecen) y menos dinero en los bolsillos.
Por todo ello. Por tus profesores, por tu Universidad. Por tu cartera, tu carrera y por tu orgullo. Por tus padres, por los derechos cada día más pisoteados de los estudiantes españoles y, sobre todo, por ti mismo, di NO al Decreto 3+2.
Carmen Andrés Espiga.
