Como ya se había anunciado, se ha publicado hoy en el BOE la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo que el Gobierno aprobó el pasado 16 de enero. La Cartera pretende regular los servicios que deben ofrecer todos los Servicios Públicos de Empleo con la finalidad de que se garantice el acceso en igualdad a un servicio de calidad, o eso justifica en la exposición de motivos. Para ello entra a regular especialmente cinco materias: orientación profesional, colocación, formación, cualificación para el empleo y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
Siguiendo la línea marcada en todas las actuaciones de los poderes públicos en la última época rige el principio de transparencia, y, junto a este, se incluyen los de igualdad y calidad, especialmente resaltados en la exposición de motivos, además de otros, muy en boga en el lenguaje empresarial y académico actual, como orientación a resultados, atención personalizada o gestión por competencias. Todos ellos grandes términos que si no se dotan de contenido y materialidad (esto es, que se mida y se demuestre) recuerdan al lenguaje grandilocuente que utiliza, para llenar su curriculum, un candidato sin nada que aportar.
La regulación de estos servicios establece la individualización, el estudio personalizado de los perfiles y necesidades tanto de demandantes de empleo como de empresas, el diseño de itinerarios específicos y orientación para la búsqueda de empleo o la casación de las ofertas de empleo con el perfil de los solicitantes, considerando sus competencias. De la redacción parece vislumbrarse un acompañamiento más cercano al coaching que al tradicional listado de cursos ofertados. Pero claro, el papel lo aguanta todo, la duda se plantea en los medios que se aplicarán, la consignación presupuestaria a estos efectos, la formación del personal de estos Servicios de Empleo para desarrollarlos, las empresas o entidades que se subcontratarán para colaborar en todo ello, el método para programar acciones formativas eficientes o el diseño de itinerarios para cada uno (individualizada) de los, por ejemplo, 30.952 demandantes de empleo registrados en la provincia de Burgos este enero, y todo ello a nivel nacional (principio de igualdad).
La financiación la resuelve la propia norma, remite a los recursos propios de las comunidades autónomas (titulares de estos Servicios al tener transferidas las competencias de gestión) y algunos complementos estatales y europeos. Así, pongamos por caso, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con un presupuesto de 174.155.107 € para 2015, deberá dar un tratamiento personalizado con orientación y formaciones según las necesidades de los 224.869 parados que había registrados en Castilla y León sólo en enero, más los que se sumen el resto del año, además de un estudio de las necesidades de las empresas empleadoras.
Y a todo ello se suma la gran duda, ¿cómo conseguirán que las empresas acudan a estos servicios para gestionar las ofertas?
