El pasado 4 de noviembre de 2021 se estrenó la primera parte de Ni es justicia ni es social. Se trata de un documental dividido en tres capítulos (pensiones, educación y sanidad) que pretende desmontar y mostrar al público general el perverso sistema que los Estados han creado con el objetivo de tener a la población dependiente de sus designios.
En esta primera entrega, y con un rigor absoluto, algunos ponentes excepcionales como son Jesús Huerta de Soto, Philipp Bagus, Miguel Anxo Bastos o Domingo Soriano hacen un recorrido histórico del sistema de pensiones de reparto y su funcionamiento actual en el caso español. Resumidamente vienen a decir que el primer caso en la historia fue en la Alemania unificada de Otto von Bismarck, donde se impuso una edad de jubilación de 70 años cuando la esperanza de vida era de 45. En el caso español fue Franco el que impuso este corrupto sistema, legitimando así su régimen y comprando a cambio de una supuesta seguridad la libertad de millones de españoles.
Pero, ¿por qué es pernicioso este sistema si asegura la tranquilidad en la vejez de las personas a cambio de aportaciones impositivas durante la edad activa?
Para responder esta pregunta, y bajo mi criterio, es necesario abordar la cuestión bajo el plano moral y el pragmático. En el primer plano, el moral, nos encontramos con el dilema que supone la elección entre la libertad frente a la seguridad. Porque el aceptar un sistema público de reparto de las pensiones obliga a toda la población de un país a aportar parte de su renta en las pensiones actuales, aunque hayan decidido crearse un plan de pensiones de capitalización a título individual. Por tanto, está socavando la libertad de elegir.
En el plano pragmático podría parecer algo viable o incluso recomendable en la España de 1939 o en la Alemania de 1850, nada más lejos de la realidad. A la hora de crear estos planes nadie se paró a pensar en el desarrollo demográfico y en el envejecimiento poblacional de los sociedades avanzadas. Por ello, impusieron un sistema que convertiría a la población en siervos del Estado sin analizar las consecuencias a largo plazo.
Por tanto, llevamos arrastrando esta gran deuda desde el Franquismo que ningún político se atreve a mover. Cambiar esto es posible y recomendable, pero ningún político que lo proponga ganaría unas elecciones democráticas, por no mencionar el hecho de que habría que condenar a toda una generación a pagar los platos rotos de tantos años de despilfarro y engaño. Lo que hay que tener claro es que cuanto más tiempo tardemos en cambiar el sistema de pensiones, más grande será el desastre cuando este quiebre. La realidad es que hoy en día los pensionistas cobran gracias a la deuda pública bajo el aval europeo, lo que demuestra que nuestro sistema ya está quebrado de facto.
Y ahora viene lo importante. ¿Cuál es la alternativa?
Todo el mundo sabe destruir, cualquier crítica es estéril si no trae consigo una solución. Pues bien, la solución pasa por devolverle a la sociedad civil lo que un día le fue arrebatado: la libertad para elegir su jubilación mediante un sistema de ahorro privado. Ya basta de que el Estado ejerza de tutor legal de su población y que la gente se dé cuenta de que la libertad conlleva siempre responsabilidad.
La motivación del Estado no debe ser la de subsidiar a toda la población, sino la de crear las condiciones materiales necesarias para que ningún ciudadano necesite subsidios. Al enfocar las políticas públicas en este cometido siempre quedarán desamparados, pero la posibilidad de dar apoyo económico a estas personas será mayor que en el caso de que todo el mundo sea dependiente económicamente del Estado.
Una vez resumido el documental y aclarada mi posición respecto al tema tratado, les emplazo a ver el primer capítulo que ya está disponible en YouTube.
Ni es justicia ni es social: el sistema público de pensiones – Value School – YouTube
Miguel Ubierna Alonso
